Modernización de la Justicia Penal

Por: Delia A. De Castro D.

En tiempos en los que se ha planteado la posibilidad de discutir formalmente la instalación de la pena de muerte, figura prohibida por la Constitución Política de Panamá; en que distintos sectores propugnan porque se considere la fijación de la prisión perpetua como una opción de sanción; cuando se han realizado reformas al Código Penal que llevan hasta los 50 años las penas máximas por concurso de delitos; cuando se ha disminuido la edad de imputabilidad en la jurisdicción penal de adolescentes y paradójicamente el país se encuentra en el umbral de la implementación del sistema acusatorio, resulta propicio exponer algunas reflexiones en torno  a un anhelo: la modernización de la justicia penal. 

Modernizar la forma mediante la cual se aplica el Derecho Penal conlleva algo más que un simple cambio de sistema procesal y trasciende la sustitución de una ley por otra.  Constituye el avance hacia una manera distinta de hacer las cosas, de ver y de tratar a las personas que, ya sea como víctimas o como victimarios, resultan relacionados con un presunto delito. Se trata de un cambio de paradigmas que debe llevar no solo a los operadores de justicia, sino a todos los integrantes de la administración pública y a la ciudadanía en general a comprender que, aún cuando se haya cometido un delito, el imputado tiene derechos fundamentales compatibles con la naturaleza del ser humano. Al mismo tiempo, la víctima, merece ser atendida, escuchada, orientada y protegida.  

En Latinoamérica esa modernización ha estado vinculada a la implementación del sistema acusatorio, el cual ha producido resultados positivos, tales como: agilidad de los procedimientos, mayor respeto a la dignidad humana, crecimiento profesional y actualización jurídica de las personas vinculadas al sistema de justicia penal, ya sean policías, fiscales, jueces o autoridades de ejecución de sanciones. 

Las investigaciones se desarrollan de forma más sistemática, pues se ha redescubierto el método científico para aplicarlo al diseño de estrategias de persecución criminal, a la planificación de las diligencias que desarrolla la fiscalía en conjunto con la policía judicial para determinar si un hecho constituye o no delito.

Los actos orales o audiencias deben ser verdaderos debates en los que se exija argumentación, razonamiento y contundencia en los planteamientos, más allá de los escritos que puedan presentar las partes, de una vista fiscal o de una oposición a ésta. 

La referida modernización apuesta por el profesionalismo y el crecimiento intelectual, por el mayor respeto a las garantías y los derechos humanos de todos los intervinientes, por la celeridad y eficacia de las investigaciones, en fin, por un mejor sistema de justicia penal.